Find the English version here. Traducido por Jasmine Romero.
La junta aprobó un acuerdo para adoptar pólizas que restringen los movimientos de ICE en las propiedades del condado.
La junta de Supervisores del condado de San Luis Obispo aprobó $100,000 para entregarlos a una organización externa que apoye a los hijos y familias afectados por la aplicación de las leyes de inmigración en la Costa Central, en una votación de 3 a 2 el martes.
La junta también aprobó un acuerdo para adoptar pólizas que requerirían una orden judicial federal para ingresar a espacios del condado que no sean públicos e impedir que agencias del gobierno federal como ICE tomen el control de las instalaciones del condado.
“Pensar que creemos que todo está bien afuera y que, ya saben, el hecho de que ICE ande rondando como matones es algo que recibimos con agrado, no se ajusta a la realidad,” declaró en la reunión la supervisora Dawn Ortiz-Legg, quien votó en favor de la asignación de fondos.
Los $100,000 vendrán del fondo general del condado.
La junta creó un grupo especial de trabajo sobre inmigración tras organizar, en enero, un foro especial acerca de la cooperación de la Oficina del Sheriff con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el año pasado. El foro atrajo a cientos de miembros de la comunidad.
El grupo de trabajo presentó el martes sus conclusiones sobre cómo apoyar a las familias afectadas por la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado, así como la forma de gestionar el acceso de los agentes federales a las instalaciones del condado.
Los $100,000 del fondo general del condado se destinarán a la Reserva para Niños del Condado de SLO, dentro de la subvención “Fueling a Vibrant Immigrant Future” a través de la Fundación Comunitaria del Condado de San Luis Obispo.
El supervisor John Peschong votó en contra de la asignación del fondo general diciendo que no veía la necesidad de distribuir dinero, dado que el condado atraviesa un “año financieramente difícil.” La supervisora Heather Moreno también votó en contra de la propuesta el martes.
La junta vota a favor de destinar fondos a los niños y familias afectados por ICE
La junta de Supervisores aprobó el martes la asignación de $100,000 y también una revisión de la base de datos en línea de la Oficina del Sheriff, la cual detalla a los reclusos que fueron entregados a ICE con condenas que cumplen los criterios establecidos en la SB 54 también conocida como la Ley de Valores de California.
La junta también aprobó un acuerdo para adoptar pólizas relativas a la exigencia de órdenes judiciales y a la prohibición de la incautación de espacios no públicos por parte de ICE.
“Creo que sería sabio por parte de esta junta simplemente aclarar, mediante una póliza o un protocolo operativo, que no queremos que el gobierno federal utilice nuestros recursos ni acceda a nuestros espacios,” dijo el Supervisor Jimmy Paulding durante la reunión.
La incautación se refiere al acto de tomar posesión de propiedad del condado por parte de una agencia del gobierno federal, mediante el uso de la fuerza o la autoridad, según una persona de la Oficina del Asesor Jurídico del Condado que intervino en la reunión.
Mientras el gobierno federal no tiene autoridad para requisar un espacio en el condado, la junta aprobó la elaboración de una declaración formal que manifestara su oposición.
El supervisor Bruce Gibson respaldó la declaración que condena la incautación de propiedad del condado por parte del gobierno federal, así como la asignación de $100,000. Afirmó que el temor en la comunidad inmigrante local es considerable, a pesar de que la magnitud de la actividad de ICE no es la misma que en otras ciudades más grandes.
“Ese miedo tiene sus propios efectos, ese miedo afecta la vida diaria, ese miedo limita la capacidad de las familias para mantener a sus hijos, ese miedo pone a las familias en riesgo,” dijo Gibson. “Y todo eso, para mí, es inaceptable.”
Un grupo de trabajo sobre inmigración detecta un aumento del miedo y la ansiedad entre los estudiantes
El grupo de trabajo sobre inmigración colaboró con diversos departamentos del condado para comprender el impacto local de la aplicación de las leyes de inmigración. El departamento de salud conductual del condado constató un aumento en la ansiedad, el miedo y el ausentismo entre los estudiantes, según Robert Reyes, director ejecutivo adjunto del condado.
Durante el periodo de comentarios del público, el exprofesor de la Escuela Secundaria Atascadero, Jehan Mirzaei, declaró que había renunciado debido a la incapacidad de la escuela para abordar cuestiones relacionadas con ICE, las cuales el director consideró demasiado políticas para los estudiantes.
Un estudiante le contó a Mirzaei que estaba asumiendo responsabilidades en el hogar, como lavar la ropa y pagar la renta, por si sus padres eran detenidos por ICE, relató el exmaestro durante la reunión.
Mirzaei dijo que el director le había negado la oportunidad de hablar con los estudiantes sobre el acoso basado en la raza y el estatus migratorio, y aclarar en las pólizas de la escuela respecto a ICE.
Mientras estudiantes estaban entre los habitantes del condado que manifestaban un mayor temor respecto a ICE, el comité ad hoc no halló un aumento en el número de menores no acompañados por hecho de control migratorio.
El supervisor Paulding declaró en la reunión que el grupo de trabajo sobre inmigración no encontró informes dirigidos a los servicios de bienestar infantil del condado acerca de niños que hubieran quedado desamparados debido a la detención de sus cuidadores por parte de ICE durante una operación.
Otra sugerencia recibida por el grupo de trabajo sobre inmigración en el condado fue la necesidad de mantener la divulgación dirigida a las comunidades inmigrantes. En colaboración con The Community Foundation, el grupo de trabajo llevó a cabo una encuesta para determinar las necesidades de las organizaciones del condado que prestan servicios a los inmigrantes.
La encuesta coleccionó respuestas de 55 organizaciones que abogan por las comunidades inmigrantes. Según los resultados de la encuesta, una de las mayores brechas que enfrentan estos grupos para llevar a cabo su labor es la financiación. La encuesta también reveló que la confianza entre las instituciones del condado y las comunidades inmigrantes es algo débil.
Reyes, de la Oficina Ejecutiva del condado, señaló que, mientras el comité ad hoc no encuestó directamente a las comunidades inmigrantes, la información recabada de las organizaciones que trabajan con ellas fue suficiente para servir de orientación.
Actualización: Este titular fue editado a las 4 p. m. del 10 de abril para reflejar mejor el contenido del artículo.
