Los residentes de California pueden elegir nuevos representantes y votar sobre propuestas hasta el 3 de noviembre para las elecciones de mitad de periodo. Esto es lo que los residentes de San Luis Obispo pueden esperar encontrar en su boleto. 

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Concejo municipal

El concejo municipal ayuda a decidir las leyes locales y controla el presupuesto de la ciudad. Las concejalas actuales Emily Francis y Michelle Shoresman se postulan para los dos puestos disponibles, junto con Brett Cross. 

Alcaldia

La alcaldesa es la máxima autoridad ejecutiva de la ciudad y supervisa varios departamentos. La alcaldesa actual Erica Stewart se postula para la reelección sin oposición. 

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Distrito 30 de la Asamblea 

Los miembros de la asamblea de California representan a los electores en la asamblea de California. El distrito 30 representa la mayor parte del condado de San Luis Obispo, junto con partes de los condados de Santa Cruz y Monterey. 

Los dos candidatos son el Republicano Shannon Kessler y la Demócrata actual Dawn Addis.

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Camara de Representantes, Distrito 24

Los representantes de Estados Unidos representan a su distrito y sus electores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Distrito 24 representa la mayor parte del condado de San Luis Obispo, junto con todo el condado de Santa Bárbara y partes del condado de Ventura.

Los dos candidatos son el Demócrata actual Salud Carbajal y el Republicano Bob Smith. 

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Gobernador

El gobernador dirige el estado, revisa los proyectos de ley aprobados por los legisladores estatales y prepara el presupuesto estatal.

Hay dos candidatos en la carrera para ser el sucesor del Gobernador Newsom. Los dos candidatos son el Demócrata Xavier Becerra y el Republicano Steve Hilton.

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Vicegobernador 

El cargo de vicegobernador es en gran parte ceremonial pero es necesario en caso de que el gobernador renuncie o sea destituido.

Los dos candidatos son la Demócrata Fiona Ma y la Republicana Gloria Romero.

Secretario de estado 

El secretario de estado supervisa todas las elecciones federales y estatales, así como las finanzas de las campañas.

Los dos candidatos son el Republicano Donald Wagner y la Demócrata Shirley Weber.

Fiscal general 

El fiscal general representa a California ante los tribunales y se encarga de casos estatales y federales de gran relevancia. Los dos candidatos son el demócrata Rob Bonta y el republicano Micheal Gates.

Tesorero estatal 

El tesorero estatal supervisa el presupuesto de California y el dinero de los contribuyentes.

Los dos candidatos son la Republicana Jennifer Hawks y la Demócrata Eleni Kounalakis.

Contralor 

El contralor es el principal contable del estado responsable de supervisar los gastos del estado y de pagar a los empleados del gobierno.

Los dos candidatos son la Demócrata Malia Cohen y el Republicano Herb Morgan.

Superintendente estatal de instrucción pública 

El cargo de superintendente estatal de instrucción pública es una propuesta no partidista que promoverá políticas que afectan a casi seis millones de estudiantes de escuelas públicas.

Los dos candidatos son Richard Barrera y Sonja Shaw, quienes no tienen afiliación partidista.

Comisionado de Seguros 

El comisionado de Seguros es responsable de supervisar las industrias de propiedad y seguros de California.

Los dos candidatos son el Demócrata Ben Allen y la Demócrata Jane Kim.

Junta de Ecualización, Distrito 2

La Junta de Igualación establece el valor de los impuestos a la propiedad en todo el estado.

Los dos candidatos para el segundo distrito son la Demócrata Sally Lieber y el Demócrata John Pimentel.

Jueces de la Corte Suprema

El gobernador nombra a los jueces de la Corte Suprema, pero los votantes deciden si quienes fueron nombrados continúan en la Corte Suprema de California. Este año, los votantes pueden decidir si mantienen a los jueces o los reemplazan.

Los jueces actuales son Kelli Evans y Joshua Groban.

Propuesta 1

La Propuesta 1 permitiría al estado vender $11.25 mil millones en bonos para programas de vivienda asequible, como viviendas multifamiliares de alquiler e hipotecas para veteranos. Si se aprueba, podría costarle al estado entre $500 millones y $600 millones durante los próximos 25 años para pagar los bonos. 

Quienes apoyan la propuesta dicen que ayudaría a los residentes que están sin hogar, que no pueden comprar una casa o tienen dificultades para pagar el alquiler.

Quienes se oponen argumentan que pedir más dinero prestado para estos problemas no soluciona la causa del alto costo de la vivienda.

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Propuesta 2

La Propuesta 2 permitiría al estado depositar el 20% de impuestos en las reservas estatales. Proporciona fondos para la educación, la seguridad pública y la atención médica. Los fondos también podrían utilizarse para pagar los $20 mil millones de deuda estatal del seguro de desempleo federal. Las reservas presupuestarias del estado serían más altas.

Quienes apoyan la propuesta dicen que aumentar el techo de reservas del estado puede construir una reserva más sólida para afrontar dificultades económicas.

Quienes se oponen expresaron preocupación de que los políticos usen las reservas como una forma de evitar devolver dinero a los contribuyentes.

Propuesta 3

La Propuesta 3 requerirá que las personas con ingresos más altos paguen más impuestos para la educación y la atención médica al hacer permanente un impuesto de 2012 dirigido a las personas con mayores ingresos.

Quienes apoyan la propuesta dicen que el impuesto es crucial para financiar las escuelas y que, sin él, podrían reducirse los programas y el personal.

Quienes se oponen dicen que el impuesto puede hacer que los Californianos con altos ingresos se vayan del estado debido a los ya altos impuestos sobre la renta.

Propuesta 4

La Propuesta 4 crearía fondos públicos para las campañas de candidatos a cargos locales y estatales. Se prohibiría que los programas públicos usarán esos fondos para transporte, educación y seguridad pública.

Quienes apoyan la propuesta afirman que daría un incentivo para postularse a los candidatos con menos fondos de donantes privados.

Quienes se oponen argumentan que los contribuyentes podrían terminar financiando campañas de políticos a quienes no quieren en el cargo y expresaron preocupación por el costo.

Propuesta 5

Los votantes ya no podrían decidir en una misma elección si se debe destituir a un funcionario electo y quién debería reemplazarlo. La Propuesta 5 aplazaría la elección de reemplazo de cualquier funcionario estatal destituido hasta que se realice una elección aparte.

Quienes apoyan la propuesta afirman que las elecciones de destitución deberían centrarse en decidir si el funcionario debe ser destituido en vez de en quién ocuparía mejor el puesto vacante.

Quienes se oponen argumentan que tener elecciones separadas reduciría la participación pública en las elecciones de destitución.

Propuesta 37

La Propuesta 37 crearía programas de préstamos hipotecarios para personas de ingresos medios que quieran comprar una casa.

Quienes apoyan la propuesta afirman que facilita la compra de vivienda para las personas de menores ingresos sin cobrarles impuestos adicionales.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta no resolvería el alto costo de vida en California y expresaron preocupación por la participación del gobierno estatal en los préstamos hipotecarios.

Propuesta 38

La Propuesta 38 autoriza un bono de $8.4 mil millones para financiar investigaciones médicas contra el cáncer. La mitad de los fondos iría a una organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad de California. Se calcula que el bono generaría un aumento anual de $500 millones y $600 millones para pagar el bono durante los próximos 20 años y se pagaría con las ganancias de la investigación.

Quienes apoyan la propuesta afirman que los fondos son necesarios para la investigación en inmunología, ante los intentos de la administración Trump de recortar el presupuesto para la investigación en ciencias de la salud.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta no debería centrarse en solo un tipo de investigación y expresaron preocupación por que la organización sin fines de lucro reciba la mayoría de los fondos del bono.

Propuesta 39

La Propuesta 39 exigiría que los ciudadanos presenten una identificación emitida por el gobierno al votar para demostrar que son ciudadanos Estadounidenses y que están registrados para votar. Esto significa que los votantes seguirán registrándose al presentar un número de Seguro Social o una tarjeta de identificación.

Quienes apoyan la propuesta afirman que la mayoría de los estados exige identificación para votar y que el requisito fortalecería la confianza pública en los procesos electorales.

Quienes se oponen argumentan que exigir una identificación impediría votar a algunas personas con discapacidades o sin los documentos requeridos.

Propuesta 40

La Propuesta 40 aplicaría un impuesto único a los multimillonarios. Los fondos recaudados se destinarán a la atención médica y la educación.

Quienes apoyan la propuesta afirman que es necesaria para ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar un seguro médico debido a los recortes del Congreso a Medi-Cal. Grupos de apoyo expresaron preocupación por los despidos y los recortes a los fondos para hospitales.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta podría hacer que los multimillonarios se fueran de California y provocar una disminución mayor de los ingresos fiscales. Grupos de atención médica afirmaron que no fueron consultados durante la elaboración de la propuesta y expresaron preocupación por los problemas financieros a largo plazo que no se han abordado.

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Propuesta 41

La Propuesta 41 exigiría una revisión más estricta del auditor estatal para aprobar impuestos especiales. El auditor estatal revisará cualquier propuesta de impuesto especial antes de que se someta a votación.

Quienes apoyan la propuesta afirman que, aunque California tiene impuestos altos, algunos programas importantes no reciben fondos suficientes, y que el auditor debería determinar si esos programas necesitan impuestos especiales.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta no busca administrar los fondos para programas públicos, sino que “engaña” a los votantes para impedir que se implementen impuestos a la riqueza de los multimillonarios.

Propuesta 42

La Propuesta 42 dificultará la creación de impuestos a la riqueza o a los ingresos altos en California, incluidos los impuestos sobre bienes o propiedades.

Quienes apoyan la propuesta afirman que California no debería cobrar impuestos a las personas por administrar cuentas de jubilación o bienes de valor.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta también “engañaría” a los votantes para impedir que se implemente un impuesto a los multimillonarios y haría “casi imposible” aplicarles impuestos en el futuro.

Propuesta 43

La Propuesta 43 dificultará el aumento de los impuestos locales para financiar servicios del gobierno local al elevar el porcentaje de votos necesarios para aprobarlos. Esto significa que una medida o un impuesto tendría que aprobarse por una mayoría de dos tercios.

Quienes apoyan la propuesta afirman que los grupos de intereses especiales han aprovechado la baja participación electoral en algunas elecciones para aprobar estos impuestos especiales.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta limitaría la capacidad de los servicios locales para recaudar fondos y no daría prioridad a lo que quiere la mayoría de los votantes.

Propuesta 44

La Propuesta 44 exigiría que las clínicas comunitarias que atienden a personas de bajos ingresos destinen anualmente el 90% de sus ingresos a la atención de pacientes.

Quienes apoyan la propuesta afirman que exigiría a las clínicas gastar más en la atención de pacientes que en la remuneración de sus directivos. También expresaron preocupación por los recortes federales que podrían dejar a personas sin seguro médico.

Quienes se oponen argumentaron que estos requisitos podrían provocar reducciones en los servicios y el personal de los centros de salud. También expresaron preocupación por las regulaciones federales y estatales que afectan a las clínicas comunitarias.

Propuesta 45

La Propuesta 45 aceleraría las revisiones ambientales para proyectos de vivienda e infraestructura.

Quienes apoyan la propuesta afirman que las leyes ambientales del estado están “desactualizadas” y necesitan actualizarse, aunque deben mantenerse protecciones ambientales importantes. También expresaron preocupación por que las demoras en la revisión de proyectos terminen afectando a los contribuyentes.

Quienes se oponen argumentan que la propuesta podría “perjudicar” las leyes que protegen el medio ambiente y a los residentes de California de proyectos inseguros. También expresaron preocupación por que los contribuyentes terminen asumiendo las consecuencias de una planificación y revisión apresuradas.